La tragedia ocurrida en la sierra de Chihuahua, donde perdieron la vida funcionarios estadounidenses tras un operativo ligado al combate de narcolaboratorios, destapó algo más que un caso de seguridad: exhibió el nivel de oportunismo político que sigue marcando la agenda. Y ahí apareció Javier Corral Jurado, no para condenar la violencia ni para respaldar el golpe al crimen, sino para subirse —como ya es costumbre— a la ola de ataques contra la gobernadora Maru Campos y el fiscal César Jáuregui.
El fondo del asunto es incómodo para muchos: el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en la sierra confirma la presencia de estructuras criminales de alto nivel, y también la cooperación internacional en materia de seguridad. Pero Corral decidió voltear el enfoque. En lugar de cuestionar la operación del narco, centró su discurso en deslegitimar a las autoridades locales, alineándose con la narrativa de sectores de Morena que buscan politizar un tema que debería ser de Estado. Su postura no es nueva: es la misma lógica que utilizó durante su gobierno, donde la confrontación mediática sustituyó a los resultados.
Lo que queda claro es que el exgobernador no ha soltado el micrófono, pero tampoco ha asumido responsabilidades. Chihuahua arrastra problemas estructurales que no nacieron ayer, y muchos de ellos crecieron durante su administración. Hoy, desde la comodidad del discurso, intenta colocarse del lado “correcto”, aunque eso implique minimizar acciones contra el crimen o distorsionar los hechos para mantener vigencia política.
