La gobernadora Maru Campos fue muy clara al asegurar que las indagatorias sobre todo lo que pasó con el operativo contra el narco, que tanto le ha dolido a Morena, llegarán hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
Maru comentó que mientras Morena la está atacando, en Sinaloa están protegiendo y ocultando a quienes minan con la salud y la vida de los niños y jóvenes mexicanos, esto claro, refiriéndose al gobernador Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Morena acusados de narcotraficantes.
El discurso de la gobernadora ha sido en la misma línea. En Chihuahua sí se combate a la delincuencia organizada, en lugar de protegerla tal y como se ha venido haciendo en otros estados gobernados por Morena.
También dijo que los morenistas están en todo su derecho de convocar y hacer la marcha en su contra, pero eso no quita el hecho de que los mexicanos ya se han dado cuenta de la narcopolítica que representa ese partido y sus líderes.
Y es precisamente ahí donde Morena cayó en su propia contradicción. Porque mientras desde el centro del país intentan golpear políticamente a Chihuahua por un operativo contra laboratorios clandestinos y redes criminales, en Sinaloa siguen creciendo los cuestionamientos nacionales e internacionales sobre los presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del narcotráfico.
Las declaraciones de Maru Campos no fueron improvisadas; llegaron en medio de una presión pública cada vez mayor sobre gobiernos morenistas señalados por omisión, complicidad o silencio frente al crimen organizado. El problema para la 4T es que el discurso de “abrazos, no balazos” ya dejó de ser solamente una frase polémica y se convirtió en una losa política que hoy persigue a Morena en cada escándalo relacionado con narcotráfico, violencia y protección de grupos criminales.
Porque mientras unos marchan con pancartas y discursos, otros están intentando explicar por qué en varias regiones del país el narco parece tener más control territorial que el propio gobierno.
