Héctor Acosta Félix señala falta de coordinación y vacíos técnicos que obstaculizan la fiscalización de participaciones federales
Chihuahua.- La negativa de la Auditoría Superior de la Federación a formalizar convenios de coordinación con los estados se ha convertido en la principal omisión del órgano federal, afirmó el auditor superior de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, al cuestionar la falta de mecanismos claros para la fiscalización de participaciones federales.
El funcionario estatal explicó que, en el caso de Chihuahua, se realizaron observaciones al proyecto de convenio planteado por la autoridad federal; sin embargo, después de esos señalamientos no hubo seguimiento para concretar la firma del acuerdo, lo que dejó sin efecto un esquema formal de colaboración entre instancias federales y locales. Esta situación, dijo, limita la claridad operativa en la supervisión de recursos.
Acosta Félix subrayó que, aunque en algunas entidades sí se han suscrito acuerdos, estos permanecen incompletos debido a la ausencia de anexos técnicos que definan con precisión los procedimientos y alcances de la coordinación. La falta de estos instrumentos, puntualizó, genera incertidumbre sobre cómo debe desarrollarse la interacción institucional en la revisión del gasto federalizado.
En este contexto, consideró que la reforma anunciada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar abre una ventana estratégica para delimitar con mayor exactitud las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las atribuciones de las auditorías estatales, especialmente en lo relativo a las participaciones federales. Recordó que la modificación constitucional de 2015 provocó confusión en la distribución de competencias, lo que derivó en controversias legales y procesos judiciales en diversas entidades.
Asimismo, advirtió que recientes criterios emitidos por tribunales podrían replicarse en otros estados, elevando el riesgo de interpretaciones divergentes sobre las facultades de fiscalización. Por ello, enfatizó que cualquier ajuste al sistema nacional debe incluir la participación activa de las entidades federativas, ya que las decisiones en esta materia impactan directamente en sus atribuciones y responsabilidades institucionales.
