El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ayer por la noche una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, uso ilícito, cohecho y ejercicio abusivo de funciones durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del órgano electoral.
La denuncia es contra quien resulte responsable y de acuerdo con la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, tendrá que ser la FGR la que deberá fincar responsabilidades contra los funcionarios involucrados en la trama de complicidades entre funcionarios y contratistas.
“El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”, señala el documento entregado a las autoridades.
Agrega que el instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
El Instituto Nacional Electoral pidió indagar los seis delitos en el contrato firmado el 10 de diciembre del 2025 por parte del INE con la alianza empresarial integrada por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México, que involucra alrededor de mil 173 millones de pesos, para la producción de la credencial de elector.
El documento, entregado en la Oficialía de Partes de la FGR, solicita que la autoridad tome en cuenta e investigue la fuente de los videos divulgados en medios de comunicación, principalmente aquel donde se observa a Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández hablar de repartirse ganancias por el contrato para la credencial de elector.
Por ello, señala la denuncia presentada por el órgano electoral, resulta indispensable que esa Fiscalía obtenga, por las vías legalmente procedentes, la versión íntegra y original de la grabación; determine su fecha, lugar y circunstancias de obtención; realice los análisis periciales correspondientes para establecer su autenticidad e integridad.
Además, solicita que se identifique a todas las personas que aparecen o intervienen en el material; analice el contenido completo de las conversaciones y las referencias económicas; contraste las manifestaciones con los contratos, convenios, pagos y operaciones financieras relacionados; y determine si las cantidades mencionadas corresponden a operaciones reales y si existió algún beneficio económico.
En el caso del delito de enriquecimiento ilícito, el órgano electoral señala que el artículo 224 del Código Penal Federal sanciona cuando una persona servidora pública no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de bienes a su nombre o respecto de los cuales se conduzca como dueña.
Dicha denuncia se suma a las seis querellas que este mismo viernes presentó el Órgano Interno de Control del INE ante la FGR “en contra de diversas personas servidoras y exservidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en diversos delitos”.
Esta denuncia se suma a las presentadas por el PAN y el PRI ante la propia FGR para que investigue los supuestos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral.
